Los cazadores de Cataluña han experimentado una creciente frustración con la administración debido a la falta de claridad en cuanto a la ley vigente, la creciente criminalización de su sector y la sensación de desprotección que ha surgido desde la aprobación de la Ley 5/2020, de 29 de abril. DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d’abril. Esta situación ha generado un ambiente de incertidumbre y malestar entre los cazadores, quienes ven en la caza no solo una tradición arraigada en la cultura catalana, sino también una actividad que desempeña un papel importante en la gestión de la fauna y la seguridad en las carreteras debido a accidentes con animales cinegéticos..
En primer lugar, la falta de claridad en la legislación vigente ha dejado a los cazadores en un estado de confusión constante. Las normativas cambiantes y la interpretación ambigua de las leyes han hecho que sea difícil para los cazadores comprender sus derechos y responsabilidades. Esto ha llevado a situaciones injustas en las que los cazadores pueden incurrir involuntariamente en infracciones, lo que ha contribuido a una creciente sensación de desconfianza hacia la administración.
Además, la criminalización del sector de la caza ha aumentado significativamente en los últimos años. Los cazadores se sienten estigmatizados y estereotipados como depredadores irresponsables, a pesar de que muchos de ellos actúan de manera ética y respetuosa con el medio ambiente. Esta percepción negativa ha afectado negativamente la imagen de los cazadores y ha generado un ambiente hostil en la sociedad.
Ley 5/2020, de 29 de abril. ahora la aprovada de 2022, ha exacerbado la sensación de desprotección entre los cazadores catalanes. Aunque se argumentó que esta ley tenía como objetivo la protección de los animales, muchos cazadores sienten que ha dejado sus derechos en un segundo plano, sin abordar adecuadamente los desafíos reales de la conservación y el manejo de la fauna.