Los cazadores catalanes se encuentran en medio de una creciente controversia debido a las medidas de sanción anunciadas por la Generalitat de Cataluña a través de la Ley 5/2020, de 29 de abril. Esta ley, aprobada en el Parlamento catalán, abarca aspectos fiscales, financieros, administrativos y medioambientales, incluyendo la creación de un impuesto relacionado con instalaciones que impactan en el medio ambiente. La noticia que ha causado mayor indignación en la comunidad de cazadores son las sanciones que pueden alcanzar hasta los 120.000 euros.
La ironía radica en que, por un lado, la Generalitat reconoce y agradece la labor de los cazadores en el control de especies cinegéticas, especialmente durante el confinamiento, destacando su contribución en la prevención de daños a la agricultura y la ganadería, así como en la contención de posibles enfermedades transmitidas por la fauna. Por otro lado, se imponen sanciones que dificultan significativamente la capacidad de los cazadores para continuar desempeñando esta función esencial.
Entre las nuevas sanciones, se incluyen multas por acciones como la colocación de paradas de batida en caminos o el presunto «mal» mantenimiento de perros de caza. Además, la falta de una regulación clara respecto a los núcleos zoológicos que albergan perros de caza ha generado preocupación, ya que la discreción de los agentes rurales o las autoridades competentes podría resultar en multas exorbitantes de hasta 120.000 euros.
Lo más preocupante para los cazadores es que estas medidas no han sido objeto de consulta ni consenso con el colectivo, lo que ha generado una profunda insatisfacción y frustración.